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El caso Cienfuegos

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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK, , actualizada 07:13 🕚

La resolución de la Fiscalía General de la República, que determina que en el expediente integrado por las autoridades de los Estados Unidos, no existen elementos para sujetar a proceso al general Salvador Cienfuegos Zepeda, marca un hito en la relación México Estados Unidos. En tres meses contados a partir de la detención del militar en la ciudad de Los Ángeles, en el marco de las elecciones en aquel país, se desarrolla una fugaz secuencia de hechos que deja el proceso legal en ceros, seis días antes del relevo presidencial previsto para el día de hoy.

Lo enconado de la lucha electoral, hace creíble la hipótesis de una manipulación al interior de la DEA, agencia encargada en el país vecino, de perseguir los delitos internacionales vinculados al tráfico de drogas. De acuerdo a esta teoría, adversarios de Donald Trump posicionados en la estructura de la DEA, armaron una investigación a espaldas de ambos gobiernos, violando los protocolos de colaboración que existen entre los países involucrados, lo que derivó en la aprehensión del general mexicano tres semanas antes del día de las votaciones, con el propósito de generar un conflicto diplomático con México, en desprestigio del gobierno de Trump.

La teoría de la conspiración se fortalece, porque en el contexto electoral por la Presidencia de los Estados Unidos, algunas figuras relevantes del Partido Demócrata, utilizaron la aprehensión de Cienfuegos para golpear al gobierno de Tump, como fue el caso del Zar de la guerra contra las drogas durante el gobierno de Bill Clinton, Barry McCaffrey, quien definió al operativo como "una acción provocadora y ofensiva en contra de las Fuerza Armadas de México", a las que McCaffrey califica como "altamente efectivas y de gran integridad en su mayoría".

La primera reacción del presidente López Obrador fue festinar la detención de Cienfuegos y estigmatizar a la administración de Peña Nieto al respecto, pero al advertir desagrado en el Ejército del cual es Jefe Supremo, dispuso que la Cancillería mandara una nota de reclamación sobre el particular. Pasadas las votaciones, el Departamento de Justicia del Gobierno de Trump desistió de la acusación penal y remitió el caso a las autoridades mexicanas; una vez con el expediente en sus manos, la Fiscalía General de la República (FGR) desestimó la acusación, por considerar que no contiene elementos suficientes para proceder penalmente en contra del general en retiro.

La resolución de la FGR no implica exoneración alguna como equivocadamente se ha dicho, porque está sujeta a la posibilidad jurídica de que la investigación se reabra en cualquiera de los dos lados de la frontera y se vuelva a consignar ante un Juez, con los mismos elementos, o con nuevos datos que confirmen o fortalezcan la acusación. López Obrador se equivoca al acusar a la DEA de haber "fabricado" la imputación a Cienfuegos, con lo que infiere una afrenta innecesaria e inconducente, pero acierta en haber hecho público el expediente completo de setecientos cincuenta hojas, poniéndolo a disposición de quien quiera estudiarlo, para formarse una opinión estrictamente jurídica.

No es fundada la crítica en el sentido de que la publicación del expediente sea contraria a derecho o a los tratados internacionales celebrados entre ambos países, porque la razón legal y práctica para mantenerlo en secreto ya no opera, en virtud de que el Juez ante el cual fue consignado el General Cienfuegos en Nueva York, hizo del inculpado la acusación en todos sus detalles. La única persona que por razones de derecho a la privacidad podría oponerse a la divulgación del expediente, sería el propio general inculpado, lo cual no ha ocurrido hasta el momento, porque es de suponer que Cienfuegos se siente seguro de la banalidad de la acusación.

Todo indica que frente al inminente cambio de gobierno en los Estados Unidos, los presidentes de ambos países podrán continuar las relaciones diplomáticas sin resabios del pasado reciente, incluido el incidente diplomático en comento; así lo indica el hecho de que han designado nuevos embajadores, que se disponen a cumplir una agenda que por razones de contenido es muy compleja, en la que no hay espacio para la frivolidad ni los resentimientos personales. Pese a lo tortuoso del caso Cienfuegos, la solución jurídica y política adoptada por ambos gobiernos es positiva, porque los deja en libertad de cara al futuro, de hacer a un lado el tema o reabrirlo, en el nuevo escenario de la administración Biden.

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