Editoriales / Aleatoria.

Derechos humanos, la salvaguarda que aún no se aplica

Columnista invitado

JOSÉ MANUEL PARRA ALANÍS, , actualizada 07:14 🕚
Derechos humanos, la salvaguarda que aún no se aplica

El catálogo de derechos humanos ya no se encuentra limitado a lo prescrito en la Carta Magna, sino que también se constriñe a todo derecho prescrito en los numerosos tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Sin embargo, aún falta mucho para que esa premisa aplique con fluidez y efectividad, por lo que no se piensa ni se opera -como se debería- pensando siempre en el beneficio inmediato e irrestricto de las personas.

Todo parte, siendo reiterativo, del principio "pro-persona", que fue integrado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y que extiende las miras más allá del documento máximo de legalidad nacional.

Esto tiene tanto valor, que quedó plasmado en el segundo párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se refiere a que, en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado procedimiento, deberá elegir la que más favorezca a la persona, esté en la Constitución, o en cualquier ley o en cualquier tratado.

Vale la pena, como apunte intermedio, entender el concepto básico: al hablar de "persona", hablamos de las víctimas y los ofendidos, pero también de los propios inculpados en algún delito. Por eso, las garantías del debido proceso y de acceso a la justicia deben volverse realidad para todos (autoridades y ciudadanos).

Retomando el hilo: el tema es no solo tomar en cuenta la Constitución, sino cualquier tratado internacional o una ley. Hay que mirar más allá de nuestra normativa, pensando en la protección máxima a las personas.

En contexto a lo anterior, es indispensable que los órganos destinatarios de aquella reforma (TODOS los funcionarios públicos), le den sentido y operatividad, pues es parte de su responsabilidad como un compromiso firme hacia la sociedad. Desde alguien que está en una ventanilla de servicio al contribuyente, hasta los mismos gobernantes.

Es un propósito que puede satisfacerse si los mandatarios y la ciudadanía cumplen con sus obligaciones, creyendo y respetando el orden jurídico que esté armonizado a los derechos fundamentales, si bien es una realidad utópica en prácticamente cualquier sociedad.

Por ello, toda autoridad, dentro del ámbito de su competencia, tiene el deber de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Empero, que el funcionario público tome la estafeta que le toca y conozca la gama de derechos humanos a tutelar desde el ámbito de su responsabilidad, pasa muy poco.

Raro es también que el servidor público (de cualquier nivel) implemente en su plan de trabajo políticas públicas e indicadores que le permitan armonizar con la sociedad los elementos necesarios para acceder a la justicia y el respeto a sus derechos humanos, algunos de ellos, por cierto, traducidos incluso en servicios públicos.

Por eso, y para que una sociedad cada vez más justa no solo esté en la lista de deseos de los gobernantes, hay que hacer el máximo esfuerzo para salvaguardar principios constitucionales como la legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada.

Cierto es que uno de los principales retos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es abatir la falta de conocimiento que la sociedad tiene respecto de sus derechos humanos, y de igual manera, la sensibilización de los servidores públicos que, tal vez en mayoría, desconocen que son los principales obligados de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Hagamos que eso cambie.

Mi agradecimiento total al Director de este importante medio de comunicación por permitir comunicarme con sus respetuosos lectores y compartir estas líneas que debieran estar en nuestra vida cotidiana.

* José Manuel Parra Alanís es Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango; ha ocupado diversos cargos públicos, tales como Juez Administrativo del Municipio de Durango. Actualmente está inscrito como aspirante a la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Durango.

Derechos humanos, la salvaguarda que aún no se aplica
Derechos humanos, la salvaguarda que aún no se aplica

Editoriales, Columnista invitado

Noticias relacionadas

Comentarios

Identificarse con

Facebook Google

Hola

aún no hay comentarios

Es tendencia

Noticias recientes

Más notas de Editoriales